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Negligencia profesional de abogado por equivocarse de juzgado

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1. ANTECEDENTES

Mis clientes contratan a un abogado para que presente recurso contencioso-administrativo contra el SERVICIO ANDALUZ DE LA SALUD, que había denegado una reclamación negligencia médica respecto de su hijo menor. En ejecución del encargo:

2. ANÁLISIS

Aunque, en un principio, mi trabajo se limitaba al análisis de la cuestión de competencia, al ver los documentos he detectado dos anomalías más. Una tiene que ver con la personación en juicio y otra con la inactividad ante la dilación.

2.1. Competencia

El recurso se interpone en el año 2002. En ese momento el artículo 8 de la LRJCA , en su parte relevante, dice:

1. Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán, en única o primera instancia (...)
2. Conocerán, asimismo, en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administración de las Comunidades Autónomas, salvo que procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto:
a) Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios públicos de carrera.
b) Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a diez millones de pesetas y cese de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses, en las siguientes materias:
Tráfico, circulación y seguridad vial.
2. Caza, pesca fluvial, pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura.
3. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
4. Comercio interior y defensa de consumidores y usuarios.
5. Espectáculos públicos y actividades recreativas.
6. Juegos y máquinas recreativas y de azar.
3. Conocerán en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la Administración periférica del Estado y de las Comunidades Autónomas, contra los actos de los organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho público, cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional y contra las resoluciones de los órganos superiores cuando confirmen íntegramente los dictados por aquéllos en vía de recurso, fiscalización o tutela.
Se exceptúan los actos de cuantía superior a diez millones de pesetas dictados por la Administración periférica del Estado y los Organismos Públicos estatales cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional, o cuando se dicten en ejercicio de sus competencias sobre el dominio público, obras públicas del Estado, expropiación forzosa y propiedades especiales.

Puesto que el recurso se presenta en 2002 este es el texto a aplicar. Por Ley Orgánica 19/2003 se modificó este artículo y se le dio nueva redacción, pero la nueva redacción no afectó a las Comunidades Autónomas.

Basta con leer el artículo para comprender que la competencia para reclamar una responsabilidad patrimonial del SAS corresponde al Juzgado, y no al TSJA. El argumento de que sería aplicable el último párrafo del apartado 3 porque se reclaman más de 60.000 € es incorrecto porque este apartado se refiere, muy claramente, a la Administración periférica del Estado y a Organismos Públicos Estatales cuya competencia no se extienda a todo el territorio estatal.

Cuando este artículo se refiere a las Comunidades Autónomas utiliza precisamente esas dos palabras «Comunidades Autónomas», y lo hace dos veces; por lo tanto, al utilizar la mención «organismos públicos estatales cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional» se está refiriendo a órganos dependientes de la Administración Central del Estado, no a las Comunidades Autónomas.

2.2. Personación en juicio

La responsabilidad que se reclama está originada por una actuación cuyo perjudicado fue el hijo del cliente.

El artículo 162 del Código Civil dice que la representación de los menores corresponde a sus padres. El daño se le causó al menor, no a sus padres. Los padres son perjudicados indirectos. Por lo tanto quien debe interponer el recurso es el menor, no sus padres.

Los padres deben otorgar poderes en nombre de su hijo, como representantes legales del mismo, y es el hijo quien, representado por los padres, debe recurrir. La indemnización que se obtenga será propiedad del hijo y administrada por los padres si, al tiempo de cobrarla, sigue siendo menor, pero si es mayor la cobraría él directamente.

Este tema no se ha planteado legalmente aun porque es una discusión de fondo y, hasta la fecha, solo se ha discutido la forma, pero es muy probable que aparezca cuando se discuta el recurso en Sevilla.

2.3. Dilación

El recurso se presenta en 2002 y no se admite a trámite hasta el 16/03/2004. Durante esos dos años no consta que se presentase ningún escrito reclamando por la dilación.

El Fiscal y el Abogado presentan alegaciones sobre la cuestión de competencia el 15/11/2004. La cuestión se resuelve el 03/11/2005, un año después. No consta que durante ese año se presentase ningún escrito reclamando por la dilación.

Se acumulan en el expediente tres años de dilaciones (2+1) sin que conste que se hayan presentado escritos de impulso procesal de parte.

3. CONCLUSIÓN

Cuando contratas un abogado no le puedes exigir resultados, sólo trabajo diligente. Muchas sentencias sobre negligencia han dejado claro que a médicos y abogados sólo se les puede pedir que hagan su trabajo correctamente, no que el paciente se cure, o que el juicio se gane; es lo que conocemos como «lex artis».

Por lo tanto, para juzgar la conducta del Abogado no debemos atender al resultado (el TSJA se declara incompetente), sino a si estaba en condiciones de determinar, con una mínima diligencia, que el TSJA era incompetente.

A mi juicio el Abogado pudo detectar, con una diligencia normal, que el órgano competente no era el TSJA, sino el Juzgado del domicilio del SAS (Sevilla). Al no hacerlo así incurrió en negligencia profesional que provocó una dilación de tres años y unos gastos innecesarios en actuaciones ante el TSJA.

Detecto además un defecto subsanable de que las personas legitimadas para recurrir no son los padres, sino el menor, actuando bajo la representación legal de aquéllos.

Es viable una acción de responsabilidad profesional que tendría por objeto:

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JOSEP-ANTONI GRACIA

Este informe está destinado a personas que no conocen las leyes. Por ese motivo he evitado referencias legales, citas jurisprudenciales o doctrinales innecesarias. He simplificado la redacción utilizando siempre las palabras más simples posibles para tratar de que el informe resulte fácil de entender.

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